La coalición EH Bildu ha presentado una proposición de ley en el Parlamento Vasco con el objetivo de evitar la especulación en el mercado de la vivienda. La propuesta consistía en modificar la Ley del Suelo y Urbanismo de manera que se devolviera la categoría de no urbanizable a los terrenos que, tras 12 años desde su clasificación como urbanizable, no hubieran comenzado su urbanización. Sin embargo, el pleno rechazó la propuesta con la mayoría de los partidos políticos en contra.
EH Bildu justificaba su propuesta argumentando que los plazos del planeamiento territorial y urbanístico suelen ser demasiado largos en muchos casos, y criticando que los promotores alarguen los plazos intencionalmente para especular con los precios de la vivienda. La coalición afirmaba que la Ley del Suelo de 2006 no es suficiente para acabar con la especulación y proponía un nuevo mecanismo para garantizar la sostenibilidad del suelo.
El Consejo de Gobierno Vasco había manifestado su criterio desfavorable a la toma en consideración de la proposición de ley de EH Bildu, alegando que la Ley del Suelo y Urbanismo de 2006 ya cuenta con herramientas suficientes para garantizar la iniciativa pública en el ejercicio de la capacidad de planificación, gestión y ejecución del planeamiento urbano. Además, señalaba que los ayuntamientos disponen de varias alternativas para desarrollar sus planeamientos urbanos y que los poderes públicos pueden llevar a efecto la venta forzosa o proceder a la ejecución del planeamiento mediante la adjudicación de un programa de edificación a un agente promotor.
El pleno del Parlamento Vasco ha contado con la abstención del grupo de Elkarrekin Podemos-IU y el voto en contra del resto de formaciones políticas (PNV, PSE, PP+Cs y Vox).
EH Bildu ha defendido su propuesta asegurando que necesita existir un nuevo mecanismo para frenar la especulación y poner un extra en la regulación del sector, pero el resto de los partidos han coincidido en que la Ley del Suelo y Urbanismo ya cuenta con herramientas suficientes y que el mecanismo de la propuesta de EH Bildu podría vulnerar la autonomía local.
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