El Gobierno Vasco ha manifestado que el futuro de Talgo depende ahora de la intervención de la SEPI, instando al Gobierno central a demostrar visión y adaptabilidad en esta etapa crucial del proceso.

En febrero, un consorcio de empresas vascas encabezado por Sidenor, junto al Gobierno Vasco, BBK y Vital, llegó a un acuerdo preliminar con Trilantic para hacerse con el 29,77% de Talgo, valorado en 185 millones de euros.

Inicialmente, el Gobierno español, a través de la SEPI, se comprometió a respaldar esta operación, ofreciendo un préstamo convertible de aproximadamente 150 millones de euros que permitiría a Talgo resolver sus retos financieros.

Sin embargo, la propuesta cambió y se planteó dividir la operación en dos partes: la primera, de 75 millones, sería asumida por el Gobierno central, y la segunda, del mismo monto, recaería en el consorcio vasco, que incluye al Gobierno Vasco y otras entidades privadas.

Fuentes del Departamento encabezado por Mikel Jauregi han señalado que el Gobierno autónomo lleva meses trabajando para cerrar el capítulo de la adquisición de Talgo por parte del Consorcio Vasco, liderado por José Antonio Jainaga de Sidenor. "Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para concluir este proceso", afirman.

Las fuentes explican que la responsabilidad de restablecer este acuerdo, que ya estaba consensuado, recae ahora en la SEPI, a fin de adecuar las soluciones financieras para Talgo.

El Gobierno Vasco ha expresado su optimismo y ha manifestado su confianza en que todos los actores involucrados tengan la visión necesaria para mantener a Talgo en Euskadi y que se puedan realizar las inversiones industriales requeridas para atender la robusta cartera de pedidos de la empresa. "Pedimos flexibilidad y una perspectiva amplia en esta fase final de la operación", concluyeron.