La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha hecho un llamado claro a la ministra de Transición Ecológica y del Reto Demográfico, Sara Aagesen, para que se excluya al lobo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial que fue implementado por el Gobierno español en septiembre de 2021. Barredo aboga por restaurar la situación de protección que existía antes de esa fecha, argumentando que se ha generado un "daño permanente e irreparable" en las explotaciones ganaderas de la región debido a los ataques de lobos.

La preocupación de Barredo es evidente, especialmente por los ataques recurrentes en las montañas del País Vasco, que han causado estragos en el sector ganadero local. Estos ataques, atribuidos al movimiento de manadas de lobos entre las comunidades cercanas a Euskadi, plantean serias dificultades para los ganaderos, quienes enfrentan pérdidas considerables que amenazan su sustento y la continuidad de sus operaciones.

Este no es un tema nuevo para el Gobierno Vasco, ya que la anterior consejera, Arantza Tapia, había planteado una inquietud similar a la ministra de entonces, Teresa Ribera, en junio de este año. A pesar de los esfuerzos de Barredo para reiterar esta preocupación sin recibir una respuesta efectiva, el Gobierno Vasco mantiene su firme postura en este asunto crítico.

Barredo también ha enviado un informe que incluye alternativas de gestión, en el que se argumenta que la protección del lobo a través de su inclusión en el listado mencionado no solo es innecesaria, sino que podría llevar a consecuencias perjudiciales a largo plazo. Este informe busca hacer hincapié en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la conservación de la especie y la protección de las actividades ganaderas que conforman la economía rural.

La situación ha cobrado una relevancia adicional tras la reciente decisión del Comité Permanente de la Convención de Berna, que aceptó una proposición de la Unión Europea para modificar el nivel de protección de los lobos, pasando de "estrictamente protegido" a "simplemente protegido". Esta decisión implica que el lobo podría ser objeto de gestión más flexible, un hecho que la consejera Barredo ha presentado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Según Barredo, el nuevo marco legal para la protección del lobo en España no debería verse como un obstáculo para su conservación, siempre y cuando se aplique de manera que refleje la situación real de la especie y su relación con el hábitat en el que se encuentra, que en este caso es la región norte del Duero. La consejera enfatiza la necesidad de una protección que no solo sea reactiva, sino que se base en un enfoque ecológico y realista.

Barredo ha instado al Ministerio a actuar con rapidez y determinación en este asunto, advirtiendo que el Estado español no puede permitirse ser el último en adaptarse a una estructura de protección que garantice tanto la supervivencia del ganado como la viabilidad del sector ganadero en su conjunto.

En consecuencia, el Gobierno Vasco ha reiterado su solicitud al Ejecutivo central para reducir el nivel de protección del lobo en el área norte del río Duero, subrayando que la evaluación del estado de conservación de esta especie debería llevarse a cabo de manera más específica, y no de manera genérica o limitada a una única comunidad autónoma.

La situación actual requiere atención urgente, según Barredo, quien ha señalado que los ataques de lobos están teniendo lugar de forma reiterada, afectando a diferentes animales de granja como mastines, ovejas, vacas, caballos y burros, provocando heridos y muertes. Esta realidad resalta la necesidad de revaluar urgentemente la situación y la petición presentada.

Recientemente, el comité que supervisa la Convención de Berna aprobó la solicitud de la Unión Europea para reducir la protección del lobo, un cambio que, según se prevé, entrará en vigor en tres meses, a menos que un tercio de los países miembros se opongan a dicha decisión. Es importante destacar que bajo el régimen de protección estricta, la caza y captura de lobos estaba prácticamente prohibida, lo que plantea una nueva narrativa para la gestión de la especie.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que la decisión del comité de modificar el estatus de protección es significativa, ya que busca lograr un "enfoque equilibrado" que contemple tanto la conservación del lobo como la protección de los medios de vida en el medio rural.

En varias regiones de Europa, incluidas comunidades autónomas como Cantabria, Castilla y León, Asturias, y ahora Euskadi, las demandas para flexibilizar la gestión de poblaciones de lobos han crecido, reflejando una necesidad compartida de abordar este delicado equilibrio entre la conservación y el sostenimiento de las economías locales.