Las negociaciones entre el Gobierno Vasco y EH Bildu en torno al proyecto de presupuestos para el año 2025 avanzan hacia su aprobación, programada para el próximo 20 de diciembre. Esta decisión se ve respaldada por la sólida mayoría que ostentan el PNV y el PSE en el Parlamento.

En la jornada del 10 de diciembre, en Vitoria, se dio un paso significativo en la tramitación del presupuesto tras la superación de las enmiendas de totalidad presentadas por partidos como el PP, Sumar y Vox. Estas enmiendas fueron rechazadas de manera contundente, recibiendo 39 votos en contra por parte del PNV y el PSE-EE, mientras que EH Bildu se abstuvo, y únicamente los nueve votos de los grupos proponentes se manifestaron a favor.

El Pleno de la Cámara vasca, en su sesión de este jueves, se centrará en discutir las enmiendas parciales al presupuesto, un proceso que servirá de preludio a la votación definitiva del proyecto en el pleno del día 20, donde se realizará un debate crucial que determinará el destino de las cuentas públicas.

A pesar de que el Gobierno Vasco, compuesto por PNV y PSE, mantiene la puerta abierta a la negociación con EH Bildu, la aprobación del presupuesto el próximo 20 de diciembre parece asegurada. Esto se debe a la mayoría absoluta que tienen los partidos jeltzales y socialistas en el Parlamento, independientemente del resultado de dichas conversaciones.

Durante el debate, el líder del PP, Javier de Andrés, expresó sus preocupaciones sobre el "crecimiento de la deuda" proyectado en el presupuesto, argumentando que este aumento está orientado a financiar un incremento "sustancial" del gasto corriente. Además, cuestionó la fiabilidad de las estimaciones de ingresos fiscales que sustentan el proyecto, calificándolas como "más que dudosas".

De Andrés también subrayó lo que él considera una "falta de inversión" en áreas clave. Según sus declaraciones, el proyecto no presenta suficientes recursos para las políticas en salud, seguridad y apoyo a las familias. En contraposición, criticó el "crecimiento exponencial" en el número de altos funcionarios y la carencia de soluciones satisfactorias para la crisis de vivienda que enfrenta la ciudadanía.

“La aprobación de estos presupuestos debe interpretarse como un acto de confianza, y la nuestra es inexistente. Después de sus múltiples gestiones, vemos que la educación se deteriora, la inseguridad aumenta, el precio de la vivienda se eleva, la emancipación es cada vez más complicada, los servicios sanitarios se resienten y las grandes obras no se llevan a cabo”, afirmó con firmeza.

En el mismo tono crítico, Jon Hernández, parlamentario del Grupo Mixto-Sumar, denunciaba la falta de espacios para una negociación real por parte del Gobierno, quien presentó un proyecto que, a su juicio, es "inamovible". Esta situación llevó a su grupo a optar por solicitar la devolución de unas cuentas con las que no comparten la "hoja de ruta".

“Este presupuesto no promueve la necesaria cohesión social, no fortalece nuestra resiliencia climática, ni prioriza un modelo económico que beneficie a toda la ciudadanía”, expresó Hernández, subrayando la deficiencia del proyecto en términos de justicia social y equidad.

Por último, Amaia Martínez, parlamentaria del Grupo Mixto-Vox, defendió enérgicamente su enmienda, acusando al presupuesto de ser un intento de “crear la pista de despegue” para profundizar en lo que ella considera una “fractura constitucional”. Martínez afirmó que este proyecto tiene como finalidad preparar un nuevo “estatus político” que, a su juicio, no encuentra encaje en la Constitución española y que busca usurpar la soberanía de todo el pueblo español.

(Se prevé una ampliación de la información).