Un reciente fallo judicial ha puesto en entredicho las prácticas de selección de personal en las fuerzas de seguridad españolas, al anular un concurso de plazas para la Euskal Polizia debido a la imposición de un límite máximo de edad que violaba las normativas de igualdad de trato establecidas por la Unión Europea.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vitoria-Gasteiz tomó esta decisión el 24 de enero, al considerar que la restricción de edad de 38 años para acceder a estas plazas contravenía tanto la Directiva 2000/78 de la UE sobre igualdad en el empleo como la propia Constitución española. Esta resolución surge tras un recurso presentado por el sindicato Euspel, que cuestionó la exclusión de una aspirante que ya trabajaba como interina en la Policía Local de Vitoria-Gasteiz.

La sentencia determina que la cláusula que establecía el límite de edad no solo es ilegal, sino que resulta desproporcionada y discriminatoria. La normativa permitía que este requisito se compensara con el tiempo de servicio en otros cuerpos policiales de la región, pero lo cierto es que, a juicio de la corte, tal medida no justifica la exclusión por edad. De este modo, el tribunal restablece el derecho de la aspirante excluida a participar en futuros procesos de selección sin que su edad sea un impedimento.

En este contexto, se reconoce que si la afectada logra superar las pruebas de selección en el futuro, deberá ser reconocida con todos los efectos económicos y profesionales desde el mismo momento del nombramiento de los aspirantes que sí fueron admitidos en la convocatoria considerada ilegal.

El sindicato Euspel ha celebrado esta resolución, considerándola un hito significativo en la defensa de la igualdad de oportunidades dentro de los cuerpos de policía. A través de un comunicado, el sindicato expresó que el fallo marca un antes y un después en la jurisprudencia, desafiando antecedentes establecidos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo.

Además, Euspel subrayó que al aplicar la normativa comunitaria, se reafirma el principio de que las limitaciones basadas en la edad son incompatibles con las bases fundamentales de igualdad y no discriminación que rigen el marco legal en Europa. Esta resolución no solo beneficia a la aspirante específica, sino que invita a otros funcionarios y solicitantes en situaciones similares a luchar por sus derechos.

De este modo, la sentencia abre un camino hacia una mayor equidad en los procesos de selección en el ámbito de las fuerzas de seguridad, prometiendo que ningún aspirante será excluido por razones que vayan en contra de los derechos fundamentales establecidos a nivel europeo. La decisión judicial promueve un entorno más accesible y justo para todos los ciudadanos, independientemente de su edad.