El futuro de la revisión fiscal en Bizkaia se vislumbra con optimismo, ya que el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral ha dado un paso fundamental al aprobar un proyecto de norma foral. Este proyecto se encuentra ahora listo para iniciar su tramitación en las Juntas Generales, con la mira puesta en su aprobación definitiva antes de que finalice el primer trimestre de 2025.

La propuesta contempla una serie de reformas que incidirán en diversas figuras impositivas del sistema tributario, diseñada específicamente para atender las necesidades de los ciudadanos vizcaínos y responder a los desafíos contemporáneos del territorio. Desde la Diputación se ha subrayado la importancia de estas medidas en el contexto de dar voz y soluciones a la ciudadanía.

Entre los retos que busca abordar esta revisión se incluyen temas críticos como el cambio demográfico, la fiscalidad ambiental, la equidad de género, y la protección de las personas con menores ingresos. También se busca mejorar las condiciones de vida de los jóvenes, fomentar la conciliación laboral y familiar, así como garantizar el acceso a vivienda digna y empleo de calidad.

Las tres diputaciones vascas han venido trabajando en conjunto desde noviembre para presentar una revisión fiscal armonizada, resultante de un acuerdo entre el PNV y el PSE-EE, que actualmente tienen la responsabilidad de gobernar estas instituciones. En Bizkaia, la reciente aprobación del proyecto refleja el compromiso de la Diputación de cumplir con su promesa de realizar esta revisión antes de que se acabe el año.

A continuación, el proyecto será enviado a las Juntas Generales de Bizkaia, donde los partidos jeltzales y socialistas poseen una mayoría absoluta. No obstante, el Gobierno foral ha manifestado su apertura a negociar con los grupos de la oposición a fin de obtener un apoyo más amplio para estas reformas.

La nueva normativa fiscal abordará seis áreas centrales: familia e igualdad, vivienda, previsión social y empleo, transición ecológica, progresividad fiscal, y el fortalecimiento del tejido productivo. Estas áreas no solo buscan la cohesión social, sino también una estructura tributaria más equitativa.

Una de las medidas más destacadas del proyecto es la obligación de declarar en el IRPF para aquellos ingresos superiores a 19.000 euros anuales, cifra que supera notablemente el Salario Mínimo Interprofesional fijado para 2024 en 15.876 euros. Esta medida está diseñada para garantizar una mayor equidad en la carga impositiva y favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Además, se contempla un aumento significativo en la bonificación del trabajo, lo que facilitará un alivio a las rentas más bajas. Este tipo de políticas fiscales son esenciales para construir una sociedad más justa y solidaria.

La propuesta también incluye iniciativas pensadas para promover "una igualdad real y efectiva" en la conciliación de la vida laboral y familiar. A través de discriminación positiva hacia las mujeres, se aumentarán las deducciones y reducciones fiscales para fomentar su integración en el mercado laboral y visibilizar la diversidad de las unidades de convivencia.

Entre otras iniciativas, se incorpora una deducción de 1.200 euros para mujeres y 1.500 para hombres que se reincorporen al mercado laboral después de una excedencia por cuidado de hijos menores de tres años. Asimismo, se prevén deducciones para las empresas que vayan más allá de lo estipulado por la ley en materia de conciliación.

En cuanto a la vivienda, se busca aumentar la oferta de alquiler asequible mediante incentivos fiscales para arrendadores, especialmente en las zonas con alta demanda. Esto incluye un tratamiento fiscal más favorable si el inmueble se usa como residencia habitual por parte del inquilino, y mayores beneficios cuando haya intermediación pública.

La iniciativa contempla, además, facilitar la emancipación de los jóvenes menores de 36 años al extender el plazo de cuentas de ahorro para vivienda y eliminar limitaciones en la inversión inicial. Esto busca poner en manos de los jóvenes herramientas que les permitan acceder a una vivienda digna y estable.

El proyecto también incentiva la rehabilitación de inmuebles, permitiendo deducciones fiscales para propietarios que destinen sus viviendas a arrendamiento, siempre que se trate de inmuebles protegidos.

En el ámbito de la previsión social, la norma busca establecer un nuevo marco tributario que favorezca el ahorro y la inversión en planes de pensiones, actualizando así el tratamiento fiscal existente y promoviendo la calidad de las aportaciones.

Para contribuir a la transición ecológica, se establecen nuevas deducciones por proyectos que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, así como incentivos por la adquisición de vehículos de cero emisiones y la implantación de puntos de recarga.

Asimismo, el proyecto prevé deducciones en el Impuesto de Sociedades para empresas que inviertan en sostenibilidad y economía circular, fortaleciendo así el compromiso de Bizkaia con el medioambiente.

Finalmente, la norma también busca impulsar el tejido productivo, proponiendo la consolidación de un forfait para microempresas del 15%. Esto implica una eliminación del límite del 70% de la base imponible positiva para pequeñas y microempresas, añadiendo elementos que favorezcan el crecimiento económico local.

Con todos estos avances, Bizkaia se posiciona como un referente en la implementación de políticas fiscales que no solo buscan el equilibrio económico, sino también la creación de una sociedad más inclusiva y resiliente ante los desafíos del futuro.