Este miércoles, las Juntas Generales de Bizkaia han dado luz verde a la revisión fiscal consensuada entre el PNV, el PSE-EE y Elkarrekin, recibiendo los votos en contra de EH Bildu y del PP. La Diputación ha puesto en valor esta nueva normativa, subrayando su carácter "netamente social" y enfatizando que no dejará a nadie atrás, al tiempo que presenta "medidas muy ambiciosas". Según han manifestado desde la Diputación, este enfoque es un claro ejemplo de cómo los territorios forales pueden ejercer sus capacidades fiscales de manera conjunta y coordinada.

La revisión fiscal pone fin a un proceso que se inició en diciembre, tras obtener el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Diputación. A esta iniciativa se han sumado un total de 44 enmiendas, fruto del acuerdo alcanzado entre los aliados en el gobierno.

Durante el pleno de este miércoles, los representantes han discutido la nueva normativa fiscal, que incluye cambios en varios impuestos, y se han rechazado de manera categórica todas las enmiendas propuestas por la oposición.

La diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha destacado que esta normativa representa "el cierre del ciclo de evaluación" de reformas realizadas en 2014 y 2018 en materia de IRPF y el Impuesto de Sociedades. Además, ha señalado que se ha diseñado con los "Ojos de los ODS", es decir, enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reafirmando su compromiso con una fiscalidad que no deja a nadie atrás.

Berrojalbiz ha subrayado que esta revisión fiscal es inclusiva y beneficiará a más de un millón de contribuyentes en Euskadi, asegurando que es difícil que aquellos que aportan al sistema no se vean favorecidos por lo que establece la normativa.

Entre las novedades que incluye esta revisión, la diputada ha resaltado la elevación de la obligación de declarar a 20.000 euros anuales, el incremento de deducciones para las emprendedores mujeres y nuevas deducciones pensadas para la conciliación laboral y la corresponsabilidad en el cuidado familiar. Asimismo, se han redefine la consideración del colectivo joven hasta los 36 años e implementado medidas específicas para facilitar su emancipación.

Además, se han propuesto acciones para incentivar la oferta de viviendas en alquiler y fomentar el ahorro a través de instrumentos de previsión social, acompañando esta estrategia con una clara orientación hacia la sostenibilidad ambiental.

Berrojalbiz ha puesto de relieve la importancia de alcanzar consensos, destacando que este acuerdo entre tres grupos que representan el 65% de la Cámara es un hito en la política, a pesar de tener una mayoría absoluta en las Juntas Generales. "Este proceso ilustra cómo podemos gestionar nuestras competencias fiscales de manera armonizada", añadió.

Por parte de los colectivos que apoyaron la revisión fiscal, Aitor Arregi del PNV ha apuntado que la nueva norma traerá beneficios tangibles para los vizcaínos y ofrecerá soluciones a preocupaciones identificadas con anterioridad, todo ello sin comprometer la sostenibilidad del sistema fiscal.

Arregi también criticó al "bloque del no", acusándolo de promover disminuciones de ingresos que comprometen la financiación de servicios públicos, sugiriendo que tanto PP como EH Bildu carecen de un enfoque viable y coherente en sus propuestas.

Goyo Zurro, portavoz del PSE-EE, manifestó su satisfacción con esta revisión fiscal, que considera totalmente alineada con una agenda progresista, desmitificando las afirmaciones de la oposición sobre la reducción de los recursos y destacando la importancia de cerrar la puerta a medidas de bajada indiscriminada de impuestos.

Por su parte, Eneritz de Madariaga de Elkarrekin celebró que esta revisión funcionará como un "respiro" para la mayoría de la población vasca, llevando a cabo un acuerdo que impactará de manera positiva en el50% de los ciudadanos.

Desde EH Bildu, su portavoz Iker Casanova expresó su descontento con que el PSE y Elkarrekin hayan adoptado un marco ideológico de la derecha en fiscalidad, alertando que esta reforma reduce drásticamente los recursos de las administraciones públicas. Arantza Sarasola añadió que, de acuerdo con un informe presentado, la recaudación disminuiría en 222 millones de euros.

La portavoz del PP, Raquel González, también se manifestó en contra, criticando el pacto de izquierdas que, en su opinión, convierte la reforma fiscal en una herramienta más represiva, afectando negativamente a las empresas y a las clases medias. Gonzalez denunció la falta de escucha hacia el mundo empresarial y consideró que la reforma propuesta no contribuiría a la mejora de los servicios públicos.