El 'Carding' es un término que se ha vuelto cada vez más conocido en el ámbito del fraude electrónico, y se refiere a la práctica de utilizar información de tarjetas de crédito robadas para realizar compras de manera ilícita. Este método ha sido la base de numerosos delitos en los últimos años, como el que recientemente han desarticulado las autoridades en Bilbao.

En una operación conjunta, la Guardia Civil y la Policía Municipal de Bilbao han logrado desmantelar una red delictiva que, según las autoridades, estaba detrás de estafas que superaban los 90.000 euros mediante el uso de tarjetas de crédito robadas. Esta organización adquiría productos tecnológicos de alta gama y los enviaba a Marruecos, como ha informado el Ministerio del Interior de España.

El funcionamiento del 'Carding' es bastante sencillo: se utilizan datos de tarjetas sustraídas para realizar compras fraudulentas. Según el Ministerio del Interior, "los datos que se obtienen son aquellos ligados a las tarjetas, de ahí la denominación 'carding' (card significa tarjeta en inglés)".

La operación, que ha sido denominada 'Dania', ha llevado a la detención de cuatro personas y ha puesto bajo investigación a siete más. Los individuos están acusados de llevar a cabo un fraude masivo a través de este método, provocando un importante daño económico en diversas comunidades.

Se ha confirmado que los estafadores obtenían productos de alta gama como teléfonos móviles y otros artículos tecnológicos, que luego eran enviados a Marruecos para su venta. Ante esto, las autoridades han calificado su actividad como delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

La investigación se inició en noviembre del año pasado, cuando un empresario de una distribuidora de telefonía móvil en Valencia notificó a la Guardia Civil sobre transacciones sospechosas en su sistema de pagos. Había recibido varios pedidos en línea por un total de 9.490 euros, cuyos destinos eran Bizkaia y Barcelona.

La situación se tornó más alarmante cuando una ciudadana danesa se puso en contacto con el empresario para informarle que su tarjeta había sido utilizada sin su autorización para realizar una compra en su tienda, solicitando la anulación de dicha transacción.

Tras recibir estas quejas, las fuerzas de seguridad comenzaron a investigar, analizando la documentación que había proporcionado el denunciante. Así descubrieron que los dispositivos móviles solicitados habían sido enviados a varias direcciones en Bilbao, Basauri y Leioa.

La Guardia Civil también identificó que, a lo largo de 2023, se habían realizado un total de 31 pedidos utilizando 11 líneas telefónicas diferentes y nombres ficticios con el claro objetivo de impedir su localización.

La investigación se intensificó, y los agentes lograron rastrear 41 envíos adicionales a través de distintos comercios de tecnología, descubriendo al mismo tiempo dos locales en Bilbao empleados como puntos de recolección para los productos obtenidos fraudulentamente.

La organización criminal no se limitaba a operar en España; utilizaban tarjetas baneadas de víctimas de Dinamarca, Alemania y Noruega, estableciendo un modus operandi peligroso basado en la obtención de información personal para realizar compras en línea.

Se dedujo que adquirían principalmente terminales móviles, dada su alta demanda en el mercado de segunda mano, donde su valor se mantiene relativamente estable, facilitando así la lucrativa reventa.

Además, se descubrió que dos de los teléfonos adquiridos fraudulentamente estaban asociados a líneas telefónicas marroquíes, y la mayoría no habían sido activados en España, lo que sugiere que habían sido enviados al extranjero para su uso o venta ilegal.

De manera paralela a esta investigación, la Policía Municipal de Bilbao había estado indagando sobre un grupo criminal que operaba de manera similar, enviando teléfonos robados a Marruecos desde el barrio de San Francisco. Gracias a estos esfuerzos, se identificó a uno de los supuestos responsables, vinculado a un establecimiento de telefonía en Bizkaia.

Los investigadores realizaron un análisis riguroso de las tarjetas bancarias utilizadas en las transacciones fraudulentas, encontrando 33 tarjetas de diez bancos distintos, con un valor total de compras que superaba los 56.200 euros; de ellas, 21 eran danesas, una noruega y once alemanas.

Sin embargo, se estima que el total de la estafa podría haber llegado a más de 91.500 euros, incluyendo pedidos que fueron cancelados o devueltos por distintas razones no atribuibles a la organización criminal, como errores en la información de las tarjetas que faltaban o estaban incompletas.

La investigación ha revelado que este grupo delictivo utilizó más de 100 tarjetas bancarias para sus operaciones fraudulentas, empleó 13 líneas telefónicas distintas y requirió la participación de al menos 11 personas, además de varios establecimientos para la recogida de los envíos tecnológicos.

Las fuerzas del orden llevaron a cabo cuatro registros, incluido uno en el domicilio del principal sospechoso en Zalla y tres en diferentes locales en Bilbao. Adicionalmente, se realizaron ocho inspecciones en locales comerciales en Bilbao y Durango, así como el bloqueo de 17 cuentas bancarias.

Según ha destacado el Ministerio del Interior, la coordinación de estas operaciones fue clave, ya que algunos miembros de la organización residían en los talleres utilizados para almacenar los productos robados.

Como resultado, fueron incautados 48 teléfonos móviles de procedencia ilícita, 5.850 euros en efectivo, tres ordenadores, una tablet y otros materiales que evidencian la actividad delictiva, incluyendo documentos de identidad falsos y permisos de residencia.

Se ha señalado que cuatro de los involucrados en la organización recibían la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), acumulando en total más de 128.000 euros en ayudas en los últimos cuatro años. Es relevante mencionar que el líder de la organización era quien más beneficiaba de dichos subsidios.

La pesquisa fue realizada por el Equipo@-EDITE de la Guardia Civil de Bizkaia, en colaboración con la Policía Municipal de Bilbao, apoyados por diversas unidades de la Comandancia, como las Patrullas Fiscales y de Fronteras.

Finalmente, la operación 'Dania' ha sido supervisada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao y ha contado con el apoyo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dado que se encontraron dos personas trabajando sin regularización en este contexto criminal.