En una impactante operación, la Policía Nacional ha desmantelado una red de explotación sexual que operaba en varios pisos prostíbulos a través de seis comunidades autónomas de España. La operación ha permitido la liberación de 18 mujeres, que fueron captadas en Colombia bajo falsas promesas de empleo y se enfrentaron a deudas de hasta 8.000 euros, las cuales debían pagar mediante la prostitución. Durante el operativo, se han detenido a cinco individuos en total, tres en Bilbao y dos en Gijón, de los cuales dos han sido recluidos en prisión provisional. Además, se han cerrado seis inmuebles vinculados a esta actividad ilegal.

La investigación, que se inició en septiembre de 2024, fue impulsada por el testimonio valiente de una mujer que denunció su sórdida experiencia: engañada y llevada desde Colombia a Santander para ser explotada sexualmente. Este relato llevó a los agentes a profundizar en el caso, lo que resultó en la identificación de un grupo criminal que, aunque comenzó con un número reducido de miembros, se diversificó en ramas independientes que colaboraban entre sí.

La organización operaba de manera itinerante, controlando pisos en varias comunidades, incluyendo Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Las víctimas, todas en situaciones de gran vulnerabilidad, eran reclutadas por uno de los principales implicados, quien les prometía empleos bien remunerados en España. Al aceptar la oferta, se les proporcionaban los billetes de avión y cierta cantidad de dinero para cruzar la frontera haciéndose pasar por turistas.

Una vez en territorio español, la cruda realidad se imponía rápidamente. A las mujeres se les retiraba el pasaporte y se les informaba de una deuda que oscilaba entre 3.000 y 4.500 euros, una cifra que podía elevarse incluso a 8.000 en algunos casos. Para saldar esta supuesta obligación, las víctimas se veían forzadas a ejercer la prostitución, a menudo sin ninguna salida viable.

A medida que pagaban su deuda, las mujeres se encontraban atrapadas en un ciclo de explotación, donde el 50% de los ingresos generados debían ser entregados a la organización, lo que impedía su desvinculación. Estas mujeres estaban obligadas a estar disponibles 24 horas al día, siete días a la semana, sin posibilidad de negarse a atender a los clientes. Además, eran rotadas entre distintos pisos, lo que acentuaba su vulnerabilidad y su imposibilidad de estabilizarse.

La investigación también reveló que las víctimas sufrían agresiones físicas si se negaban a trabajar, incluso en situaciones de salud comprometidas. La organización, además, instaba al consumo de drogas para prolongar la duración de los servicios sexuales, utilizando estas sustancias como un atractivo en la publicidad para captar clientes.

En un complicidad adicional, la red obligaba a las víctimas a abrir cuentas bancarias a su nombre, que luego eran usadas para mover dinero de manera encubierta, distanciando a los miembros de la organización de los beneficios obtenidos a través de la explotación.

Durante la operación de este desmantelamiento, se llevaron a cabo registros en siete propiedades, donde se incautaron 12.245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y valiosa documentación que probaría la actividad delictiva. Además, se bloquearon 10 cuentas bancarias que los delincuentes utilizaban para gestionar las ganancias ilícitas.

Simultáneamente, otra operación elaborada por la Policía Nacional junto a la Ertzaintza resultó en la desarticulación de otra organización dedicada a la trata de personas. Este grupo tenía conexiones en diversas ciudades, reclutando a sus víctimas en Brasil y generándoles deudas para ser saldadas a través de la prostitución en condiciones miserables. Como resultado de esta acción, se liberaron nueve mujeres y se arrestaron a 21 individuos en diversas localidades.