Oskar Matute, portavoz adjunto del PNV en el Congreso, ha expresado su firme defensa en favor de que el llamado escudo social garantice la prohibición de desahucios y el corte de servicios esenciales como la luz y el agua para los grupos más vulnerables de la sociedad.

Durante una entrevista emitida por RNE y recogida por Europa Press el 21 de diciembre en Bilbao, Matute se pronunció sobre el nuevo impuesto que el Gobierno español planea presentar a las empresas energéticas en el próximo Consejo de Ministros. A su juicio, este gravamen, el cual se basa en un acuerdo promovido por bloques como EH Bildu, ERC y BNG, debe ser considerado como una continuación de las medidas establecidas en 2022 y no debe ser diluido ni minimizado.

Matute hizo hincapié en que este tributo no debe quedar "descafeinado", enfatizando que debe seguir en la misma línea que su predecesor, el cual obtuvo el respaldo del PNV y Junts en su momento. Recordó que la oposición, formada por diferentes fuerzas de derecha, logró unirse para derogar el anterior gravamen, razón por la que considera fundamental establecer uno nuevo que exija a quienes más tienen que contribuir con más.

En su argumentación, el portavoz del PNV resaltó que las compañías energéticas han reportado beneficios de 7.700 millones de euros en el primer semestre de 2024, lo que subraya la importancia de que estas contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos. Según matizó, "una sociedad que desea mantener su estado del bienestar debe hacerlo con el esfuerzo de todos, especialmente de quienes más pueden contribuir".

Matute se refirió a la fractura abierta por el Partido Popular en el bloque de investidura, sosteniendo que la formación conservadora no ha aportado nada nuevo al debate. "Lo que ha hecho el PP es alinearse con otras fuerzas de su misma índole, como Junts y Vox, en un intento de establecer un entendimiento entre sus posiciones", añadió.

El portavoz también hizo un llamado a la responsabilidad de explicar a la ciudadanía estas alianzas. Argumentó que, independientemente de la ideología política que cada persona abrace, la mayoría de los ciudadanos no comprenden cómo es posible que individuos con grandes beneficios en las empresas paguen menos impuestos que aquellos que apenas logran llegar a fin de mes.

Desde su perspectiva, consideró injusto que los gestores y accionistas de grandes corporaciones disfruten de privilegios fiscales que no están disponibles para la mayoría de la ciudadanía, subrayando la necesidad de una justicia fiscal que garantice equidad y solidaridad.

Matute instó al Ejecutivo a aprobar el decreto que regule el escudo social, enfatizando que este debe reflejar la voluntad de proteger a las mayorías sociales, no solo a las parlamentarias. "Los verdaderos intereses de la población se centran en la salvaguarda de servicios públicos de calidad, acceso a educación universal y la protección social", indicó.

El portavoz también aseguró que en futuras votaciones sobre este decreto será vital que otros partidos expliquen por qué priman los intereses corporativos por encima de las condiciones de vida dignas para todos. Consideró que dicha explicación será un reto para aquellos que prioricen los beneficios de las grandes empresas sobre la calidad de vida del ciudadano medio.

En respuesta a un reciente desencuentro entre Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y Aitor Esteban, portavoz del PNV, Matute confesó que no lo consideraba sorprendente, ya que pertenece a las dinámicas políticas habituales. Reiteró que en EH Bildu prefieren hacer críticas constructivas, aunque no rehúyen de la dureza cuando es necesaria, y que no buscan caer en intercambios de reproches que alejan a la ciudadanía de la política.

Finalmente, Matute subrayó que el próximo decreto que se espera apruebe el Gobierno debe incluir de forma contundente tanto la prohibición de desahucios para personas sin alternativas habitacionales como la defensa de los suministros básicos para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad. De esta manera, hizo hincapié en el compromiso de garantizar que "nadie quede atrás, y menos aún los más vulnerables".