El 20 de noviembre en San Sebastián, se ha dado un paso significativo hacia la transición energética en el País Vasco. El Gobierno Vasco ha decidido otorgar la luz verde al proyecto 'Jarindo', una iniciativa de la empresa Green Capital Power S.L., que se enfocará en la instalación de un nuevo parque eólico en los municipios de Aramaio y Legutio, en Álava, así como en Eskoriatza y Leintz-Gatzaga, en Gipuzkoa.

De acuerdo con la información publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) el pasado miércoles, Green Capital Power S.L. presentó la solicitud para obtener la autorización administrativa previa del anteproyecto 'Jarindo' con fecha 9 de febrero de 2024. Este movimiento subraya el compromiso de la empresa con el desarrollo de energías renovables en la región, alineándose con los objetivos de sostenibilidad fijados por las autoridades vascas.

Siguiendo lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 115/2002, de 28 de mayo, la solicitud fue sometida a un proceso de información pública para permitir la posibilidad de concurrencia de otros proyectos. El anuncio correspondiente se divulgó en los Boletines oficiales, garantizando así la transparencia del proceso y dando la oportunidad a otros actores de presentar propuestas en caso de estar interesados en competir.

A lo largo del plazo establecido, no se recibieron solicitudes adicionales que pudieran competir con la propuesta de Green Capital Power S.L., lo que llevó a la Dirección de Proyectos Estratégicos y Administración Industrial del Gobierno Vasco a seleccionar el anteproyecto para el parque eólico 'Jarindo'. Esta decisión resalta la creciente importancia de las energías limpias en el panorama energético del País Vasco y el interés de las instituciones en fomentar proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

Ahora, el promotor tendrá un período de seis meses para presentar toda la documentación requerida para avanzar hacia la obtención de la autorización administrativa previa, contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución publicada. Cabe destacar que también se habilita la posibilidad de presentar un recurso de alzada contra esta resolución en un plazo de un mes, lo que permite garantizar el derecho a la participación y revisión de los procesos administrativos en el ámbito energético.