MADRID, 24 de octubre. La Audiencia Nacional ha decidido abrir una investigación en torno a José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, por la posible implicación en delitos de contrabando y complicidad en crímenes de lesa humanidad o genocidio. Estas acusaciones provienen de la venta no autorizada de acero a la empresa Israel Military Industries (IMSI).

El anuncio se realizó el viernes, y en él se menciona que otros dos directivos de la compañía también están bajo la lupa judicial, ya que se presume que sabían que IMSI se dedica a la fabricación de armamento y que el acero vendido sería utilizado en la producción de armas.

Se informa que esta transacción se realizó sin la autorización requerida del Gobierno español, ni se registró ante las autoridades competentes, según un informe emitido por la Comisaría General de Información el 10 de septiembre, revelado por la Audiencia Nacional.

El juez instructor del caso ha destacado que el contexto de violencia en Gaza es ampliamente conocido a través de diversos medios de comunicación, así como por las denuncias realizadas por organismos internacionales, incluido el Tribunal Penal Internacional y la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese.

Además, se ha identificado a la empresa Clerbil SL como responsable, ya que es el administrador único de Sidenor Holdings Europa. Sin embargo, el juez ha decidido no investigar, en esta fase, a Sidenor Aceros Especiales SLU, reconociendo la proactividad de sus trabajadores en la denuncia de estas actividades presuntamente delictivas.

La Audiencia Nacional ha señalado que se aplicará la Directiva (UE) 2019/1937 y la Ley 2/2023, que garantizan la protección a quienes informen sobre infracciones normativas, en un esfuerzo por combatir la corrupción. Específicamente, se contempla la protección de las personas jurídicas que actúen como informantes, asegurando que las posibles sanciones no afecten a la empresa mencionada.

El juez ha levantado el secreto del sumario y ha convocado a los tres implicados a declarar el próximo 12 de noviembre, como parte de una investigación que se originó tras una denuncia presentada por la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa.

Los hechos investigados podrían configurarse, según el juez, como un delito de contrabando en virtud de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, así como la posible complicidad en crímenes de lesa humanidad o genocidio, según lo estipulado en los artículos 29 y 607 bis del Código Penal.