La reciente presentación del 'Plan Director de Vivienda 2025-2027' ha desatado un debate intenso entre los grupos políticos vascos, con EH Bildu manifestando su preocupación por el enfoque "regresivo" del documento, mientras que el PP lo califica de "enfoque equivocado". Por su parte, Sumar ha expresado su descontento debido a la falta "de ambición" en el contenido del plan.

En una sesión celebrada en el Parlamento Vasco, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, anunció que se destinarán un total de 3.250 millones de euros en los próximos tres años para abordar la creciente "emergencia habitacional" que afecta a Euskadi. Este plan fue aprobado por el Gobierno en mayo y busca trazar una hoja de ruta clara para garantizar el acceso a viviendas dignas y asequibles para todos.

Itxaso destacó que el plan no es solo un documento técnico, sino un verdadero proyecto político y social que responde a una de las principales inquietudes de la población. Resaltó que en la actualidad, muchos hogares en Euskadi dirigen una proporción alarmante de sus ingresos hacia el alquiler, lo que les dificulta formar familias y ahorrar para el futuro.

El consejero enfatizó la necesidad de implementar un enfoque integral para abordar la crisis de la vivienda, diseñando políticas que no solo aumenten la oferta de viviendas protegidas, sino que también protejan a los grupos más vulnerables mientras se desarrollan soluciones a largo plazo.

El 'Plan Director' establece un diagnóstico claro de la situación en Euskadi, donde un 25% de la población tiene 65 años o más y la producción de viviendas se considera "insuficiente". Los precios de alquiler, que rondan los 761 euros de media, alcanzan cifras superiores al millar en ciudades como Donostia-San Sebastián, complicando aún más la situación.

En términos de acciones, el plan identifica cinco ejes prioritarios, comenzando por la promoción de 7.000 viviendas de alquiler asequible durante la legislatura, de las cuales 5.250 estarán disponibles en los próximos tres años. Este esfuerzo se dirige especialmente a jóvenes, mayores y familias en riesgo de exclusión.

El segundo eje se enfocará en la rehabilitación de 62.000 viviendas y 10.000 edificios, mejorando su accesibilidad y eficiencia energética. Además, se contempla un avance en las políticas de rehabilitación, que deberían alcanzar progresivamente un 3% para 2027.

Otro aspecto fundamental es el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad, con cerca de 50.000 hogares recibiendo ayudas económicas mensuales para facilitar el acceso a la vivienda. A su vez, el plan busca modernizar el sector de la construcción mediante la industrialización y la digitalización para aumentar la capacidad de respuesta del mercado.

El último eje del plan se propone fortalecer la gobernanza y la coordinación entre diferentes niveles de administración y la ciudadanía, garantizando que las políticas se diseñen y apliquen en consonancia con la realidad local.

Una de las innovaciones más significativas es la declaración de zonas tensionadas que se prevé alcanzar al 70% de los municipios vascos hacia 2025, lo que implicará no solo un reconocimiento del problema, sino también la implementación de medidas concretas para equilibrar el mercado y proteger a los habitantes.

El plan se apoya en una serie de reformas normativas que facilitan la producción de vivienda protegida y permiten la conversión de locales vacíos en viviendas. Esta ambiciosa inversión está planteada como un esfuerzo sin precedentes en la historia reciente de Euskadi.

Sin embargo, la oposición ha alzado la voz; EH Bildu criticó la falta de concreción en el plan, advirtiendo que este se inclina hacia una agenda neoliberal que favorece al sector privado. El PP, por su parte, condenó el enfoque "intervencionista" del Gobierno, argumentando que este modelo ya ha fracasado en el pasado.

Desde Sumar, se demandaron políticas más sólidas y efectivas que se enfoquen en la vivienda pública y protegida, alejándose de la construcción de vivienda libre. En cambio, los partidos que respaldan al Gobierno, como el PNV y el PSE-EE, defendieron el diagnóstico y las acciones propuestas, señalando que se trata de un plan audaz y necesario.

La prolongada crisis de la vivienda en Euskadi claramente ha catalizado posturas diferentes y vehementes entre los partidos, poniendo de relieve la urgencia con la que se necesita abordar esta problemática social.