24h País Vasco.

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MPEH iniciará en septiembre una campaña para exigir que las pensiones mínimas en Euskadi alcancen el salario mínimo interprofesional.

MPEH iniciará en septiembre una campaña para exigir que las pensiones mínimas en Euskadi alcancen el salario mínimo interprofesional.

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha hecho un llamado al Gobierno Vasco para que presente un informe que facilite el avance en la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca equiparar las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional en la comunidad autónoma.

BILBAO, 27 de agosto. El colectivo de pensionistas comenzará de nuevo sus movilizaciones en septiembre, enfocándose en la urgencia de que se prosiga con la tramitación parlamentaria de la ILP, cuyo fin es implementar un sistema que complemente las pensiones mínimas en Euskadi.

Con la intención de reactivar su actividad, el Movimiento ha programado concentraciones a partir del lunes 8 de septiembre en los cuatro territorios de la comunidad, fijando como meta principal la exitosa culminación del proceso legislativo que les permita avanzar en su propuesta.

En este contexto, el MPEH anticipa que, durante una reunión de su coordinadora prevista para el 2 de septiembre, presentará un plan de trabajo diseñado por la comisión que impulsó la ILP, el cual estará orientado a facilitar la tramitación de esta importante propuesta social.

Además, el 8 de septiembre coincide con la fecha límite estipulada para que el Gobierno Vasco se pronuncie sobre la legalidad de esta iniciativa, y el movimiento espera que la respuesta sea positiva, destacando que la ILP beneficiaría a cerca de 90.000 pensionistas, predominando el número de mujeres entre ellos.

El grupo ha subrayado que la ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular deja en claro que las materias sobre las que la Comunidad Autónoma no tiene competencia quedan excluidas. Sin embargo, mencionan que en octubre pasado, tanto la Mesa como los Servicios Jurídicos del Parlamento Vasco confirmaron que es competencia del gobierno crear un sistema de medidas para complementar pensiones, respaldados por acuerdos de colaboración mencionados en el Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Desde la perspectiva del MPEH, la situación actual requiere que se defiendan y apliquen las competencias existentes, especialmente en un contexto donde la inflación y el costo de vida son elevados, haciendo que las pensiones mínimas resulten insuficientes para vivir con dignidad.

El movimiento también ha enfatizado que la Ley 4/2005 de Igualdad de Mujeres y Hombres obliga al Gobierno Vasco a poner en marcha acciones que eliminen las discriminaciones hacia las mujeres, señalando que la ILP tiene como objetivo abordar la desigualdad de género en el ámbito de las pensiones, una problemática originada por la histórica desvalorización del trabajo femenino y las tareas de cuidado no remuneradas.

Según el MPEH, el actual sistema de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) es deficiente para los pensionistas, ya que está diseñado fundamentalmente para personas en edad laboral y no toma en cuenta las circunstancias individuales de los pensionistas, generando situaciones de desventaja económica, especialmente para las mujeres que suelen recibir pensiones más bajas.

El colectivo critica que la ley actual ha beneficiado solamente a un número reducido de pensionistas, alrededor de 15,000, y reclama el derecho de cada persona a una renta digna, sin importar su situación de convivencia.

Por último, el MPEH sostiene que el informe jurídico que ha solicitado el Gobierno Vasco, aunque no sea vinculante, no debería ser un obstáculo para apoyar la tramitación de esta ILP, que consideran como una respuesta necesaria a una injusticia histórica hacia las mujeres y a la urgente necesidad de garantizar a las personas mayores una independencia económica suficiente para cubrir necesidades básicas como la vivienda o la atención sanitaria.

El movimiento también destaca el amplio respaldo que la ILP ha recibido de todas las organizaciones sindicales, diversas entidades sociales y feministas, así como de miles de ciudadanos, enfatizando que esta iniciativa también responde a un llamado institucional para fomentar una mayor participación ciudadana en el proceso legislativo y promover un sistema democrático más inclusivo.