EH Bildu ha puesto sobre la mesa una propuesta que busca establecer una "garantía mínima" para que los requisitos lingüísticos en los puestos de trabajo en el sector público cuenten con un respaldo legal firme.

En una reciente declaración, el portavoz de la formación en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, enfatizó que el desarrollo del euskera no puede demorarse dos años más. Instó a los partidos políticos a actuar de inmediato y modificar la actual Ley de Empleo Público.

Otxandiano comentó que esta urgencia surge en el contexto del evento 'Euskararen Jauzi Kualitatiboa', celebrado en Bilbao, donde el lehendakari Imanol Pradales anunció planes para un congreso centrado en la revitalización del idioma para 2027.

El líder de EH Bildu lamentó la inacción en torno a la política lingüística, describiendo la situación como un ciclo interminable que necesita un cambio. "Este país no puede seguir dando vueltas sin avanzar", afirmó.

Destacó que existe un amplio consenso sobre la importancia de la euskaldunización y que, dada esta realidad, es crucial dar un paso adelante sin esperar más tiempo. "No podemos seguir discutiendo sobre bases y principios de forma indefinida", subrayó.

Otxandiano también denunció una "ofensiva judicial" que amenaza la normativa lingüística, argumentando que tales cambios en la ley son un desafío a los fundamentos del autogobierno. Para él, esto demanda una respuesta rápida a través de la modificación de la Ley de Empleo Público.

En su intervención, Otxandiano propuso que esta reforma sea una prioridad inmediata, señalando que su grupo ha elaborado una propuesta para compartir con otras fuerzas políticas. Reconoció que el PNV y el PSE están discutiendo un marco legal entre ellos, y consideró fundamental que este asunto se trate en el Parlamento sin demora.

El líder soberanista anunció que EH Bildu presentará oficialmente su propuesta de modificación de la Ley de Empleo Público en el Parlamento vasco ese mismo día, y llamó a PNV y PSE a discutir abiertamente cualquier acuerdo que tengan en mente.

Otxandiano recalcó la necesidad de establecer "una garantía mínima" para los perfiles lingüísticos de acceso a empleos públicos, asegurando que estos cuenten con una protección legal adecuada. "No es aceptable que los tribunales modifiquen nuestras leyes de esta manera", concluyó.

Finalmente, enfatizó que es el momento de implementar una nueva política lingüística que transforme diversos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el ámbito laboral, la administración pública, el entretenimiento y la educación.