En un momento crucial para la política vasca, EH Bildu se ha manifestado a favor de establecer un nuevo marco político en Euskadi, mientras que el PSE-EE ha pedido un análisis sereno de la reciente decisión del Tribunal Supremo, y el PP ha expresado su respaldo a la resolución del alto tribunal.

El PNV ha sido uno de los primeros en reaccionar, instando a la creación de un "frente común" frente a la resolución del Tribunal Supremo, la cual ha sido calificada como una "mala noticia" tanto para la política vasca como para la sociedad en general.

La controversia surgió después de que el Tribunal Supremo anulara completamente el Real Decreto 366/2024, que permitía a Euskadi asumir competencias en la homologación de títulos obtenidos en el extranjero. Este movimiento se percibe como un ataque directo a los derechos de autogobierno del pueblo vasco, según el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, quien advirtió sobre las implicaciones prácticas de esta decisión, especialmente en el ámbito de la salud.

Díez Antxustegi subrayó la urgencia del asunto, destacando la escasez de profesionales sanitarios en Euskadi y mencionando que la posibilidad de homologar títulos era esencial para la incorporación de personal calificado al sistema de salud vasco.

Ante esta situación, ha convocado a todos los actores políticos e institucionales a unirse en la defensa del autogobierno, afirmando que la defensa de los derechos vascos no es solo una cuestión de autonomía, sino también de calidad de vida para sus ciudadanos. Además, ha lanzado un llamado al PP para que muestre un compromiso genuino con Euskadi.

Desde EH Bildu, la parlamentaria Diana Urrea ha señalado que esta decisión del Supremo es una clara evidencia de que el autogobierno "está mutilado" y ha insistido en la creación de un nuevo estatus político que permita a Euskadi establecer relaciones de igualdad con el Estado español.

Urrea ha criticado abiertamente cómo los derechos vascos son frecuentemente subordinados a los intereses del Estado español y ha instado a establecer un marco político que refleje la soberanía del pueblo vasco.

Por su parte, Estibaliz Canto, del PSE-EE, ha abogado por un enfoque cauteloso. Aunque reconoce que la decisión es negativa, ha solicitado un análisis más profundo antes de actuar. Canto ha enfatizado la importancia de no dejarse llevar por impulsos y de actuar de forma bien fundamentada, haciendo hincapié en la necesidad de una discusión tranquila y analítica sobre las implicaciones de la anulación.

A la vez, ha añadido que se están estudiando las ramificaciones legales de la decisión y que se adoptarán los pasos necesarios para abordar el asunto con seriedad y rigor.

El PP, en respuesta a estas opiniones, ha defendido su posición apoyando al Tribunal Supremo. Laura Garrido, parlamentaria del PP, ha argumentado que el autogobierno debe implicar una correcta gestión de las competencias existentes, y que la anulación de la homologación se deriva de una intervención en asuntos que son competencia exclusiva del Estado.

Garrido ha advertido al PNV que sus planteamientos catastrofistas no contribuirán a resolver la situación y ha instado al partido a enfocarse en la administración eficiente de las competencias ya en manos del Gobierno Vasco, en lugar de promover un discurso de victimización.