Los candidatos vascos al Parlamento Europeo por el PP Javier Zarzalejos y Carlos Iturgaiz han reafirmado su postura en relación a la inmigración, enfatizando la importancia de actuar contra la migración irregular y expulsar a quienes entran incumpliendo la ley. Han hecho hincapié en la necesidad de una inmigración legal y vinculada al empleo, destacando que las fronteras no pueden ser permeables, como sostiene la izquierda
BILBAO, 29 May.
Los candidatos realizaron estas declaraciones durante un acto electoral en Getxo, Bizkaia, donde recientemente se produjo un trágico suceso. Cinco menores fueron detenidos por el asesinato de un joven en la zona.
Carlos Iturgaiz expresó sus condolencias por el incidente y afirmó que el PP está comprometido en hacer de Getxo un lugar de libertad y seguridad. Hizo hincapié en la necesidad de adoptar medidas con respecto a la migración irregular en el País Vasco, destacando el apoyo del partido a una migración regulada y su oposición a la inmigración ilegal que perturba la seguridad en la región.
Asimismo, Iturgaiz destacó la importancia de que el Estado regule la migración y no las mafias, y subrayó la necesidad de expulsar a aquellos inmigrantes que entran de manera irregular y no necesitan protección internacional.
Zarzalejos, por su parte, también expresó sus condolencias por el joven asesinado y resaltó la importancia de hablar sobre las respuestas a la violencia que afecta a la sociedad. Hizo hincapié en la necesidad de fomentar una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo, y defendió que aquellos que no cumplan con la ley no pueden formar parte de la sociedad.
En cuanto a la seguridad, Zarzalejos afirmó que el partido está comprometido en reforzar los mecanismos para combatir la delincuencia y proteger a las víctimas. Además, destacó la importancia de la colaboración policial y judicial a nivel europeo para abordar delitos como la difusión de material de abuso sexual infantil en internet.
En relación a las víctimas, el candidato mencionó la nueva directiva de víctimas, que obliga a los Estados a prevenir actos de enaltecimiento de criminales y proteger a los más vulnerables durante un procedimiento judicial.
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