VITORIA, 26 de septiembre.

El lehendakari Imanol Pradales ha rechazado categóricamente las acusaciones de que la empresa vasca CAF sea cómplice del genocidio en Gaza por su implicación en la expansión del tranvía de Jerusalén. En respuesta a las críticas de Sumar, Pradales denunció lo que considera una "instrumentalización del sufrimiento palestino", pidiendo al Gobierno Vasco que adopte medidas para que la compañía se retire del proyecto.

En el pleno de control del Parlamento Vasco, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, interpeló a Pradales sobre el papel de CAF, que cuenta con fondos públicos, en la ampliación del tren ligero de Jerusalén, señalando que esto está vinculado a la ocupación ilegal por parte de Israel de territorios palestinos.

Pradales subrayó que en las discusiones políticas no se puede tolerar cualquier tipo de acusación, y recriminó a Hernández por hacer afirmaciones tan serias, como calificar a CAF de "corresponsable del genocidio", en un contexto que, según Hernández, ha sido considerado "criminal" por la ONU.

El lehendakari enfatizó que "el verdadero responsable del genocidio en Gaza es el gobierno de Netanyahu" y advirtió que es inaceptable usar el sufrimiento del pueblo palestino como un arma política.

Hernández, por su parte, insistió en que cualquier participación en este tipo de proyectos apoya la política de apartheid del gobierno israelí. Recordó que el derecho internacional clasifica como crimen de guerra "la construcción en territorios ocupados", lo que considera que Israel está haciendo con este proyecto, que a su juicio, perpetúa asentamientos ilegales.

El parlamentario también criticó al Gobierno Vasco por defender a la empresa, expresando su temor de que la administración simplemente niegue la realidad del proyecto, que es, según él, una herramienta para la ocupación ilegal que vulnera los derechos fundamentales de una población.

En defensa de su postura, Pradales llamó a la coherencia en las argumentaciones de Sumar, recordando que su partido no aplica en Madrid lo que exige en Euskadi. Señaló que el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que Sumar forma parte del Gobierno central, había revisado dicho contrato sin encontrar impedimentos legales o éticos para su aprobación.

El lehendakari reiteró que CAF no está involucrada en el genocidio en Gaza y que actúa conforme a los más altos estándares de ética empresarial, asegurando que cumple con las normas establecidas por las Naciones Unidas para operar en contextos de conflicto.

Además, recordó que antes de firmar el contrato, CAF realizó un análisis legal exhaustivo con la colaboración de expertos independientes, incluidos especialistas de la ONU, y que cumplió con las directrices de la OCDE, lo que garantizó la legalidad del proyecto y recibió el respaldo de sentencias judiciales y el apoyo de sindicatos.