El Partido Popular (PP) ha manifestado su preocupación por la reforma fiscal acordada entre el PNV, el PSE-EE y Elkarrekin Podemos en Euskadi, argumentando que llevará a un empobrecimiento de la comunidad. Por su parte, Vox ha definido esta modificación como un ataque directo a las empresas, exacerbando aún más la tensión entre estos partidos y el Gobierno vasco.

En un debate reciente en el pleno del Parlamento Vasco, el lehendakari Imanol Pradales defendió la reforma, resaltando su carácter "justo y eficaz", que promete impulsar tanto la competitividad como el bienestar social. Afirmó que la oposición de PP y Vox a la reforma refleja una "hiperventilización" política e instó a ambos partidos a un análisis más serio de la situación económica en Euskadi.

Javier de Andrés, presidente del PP vasco, expresó su descontento con las políticas fiscales que, asegura, están perjudicando el entorno empresarial y desalentando la inversión. Criticó lo que considera un enfoque "populista" en la gestión fiscal, sugiriendo que esto conducirá al declive económico en la región.

En respuesta, Pradales descalificó las afirmaciones de De Andrés, argumentando que, contrariamente a lo que sostiene el PP, las empresas no perderán competitividad. Detalló que las reformas traerán beneficios concretos, como ahorros significativos para empresas que realicen inversiones en tecnología ecológica y para autónomos con menores ingresos.

El lehendakari enfatizó que la fiscalidad es solo un aspecto de la competitividad y que otros factores, como el acceso a la energía, el talento y la colaboración entre sectores, son igualmente importantes. Criticó la estrategia del PP de centrarse en la confrontación en lugar de en una colaboración constructiva.

Pradales acusó al PP de haber tomado una posición antagónica al priorizar sus intereses políticos sobre los de la ciudadanía vasca. Defendió la reforma como un consenso importante entre los partidos que la han impulsado y lamentó la fijación del PP en quiénes son los autores de la iniciativa, en lugar de evaluar su contenido.

Por otro lado, Amaia Martínez, única representante de Vox en el Parlamento, catalogó la reforma como un ataque directo al sector empresarial, argumentando que penaliza a los contribuyentes que más aportan a la economía regional. En respuesta, el lehendakari reiteró que el acuerdo es positivo para Euskadi y que busca afrontar los desafíos estructurales actuales mientras fortalece los servicios públicos.

Pradales defendió la reforma como un paso hacia un sistema más equitativo que refleja los intereses de toda la ciudadanía. Además, criticó a PP y Vox por no haber presentado argumentos sustantivos en contra de las propuestas específicas de la reforma, sugiriendo que ambos están más enfocados en la política de resistencia que en el debate constructivo.

Finalmente, el lehendakari también advirtió sobre las intenciones de Vox, sugiriendo que detrás de su retórica de apoyo a las clases trabajadoras hay una agenda que favorece a los más fuertes, en detrimento de los más vulnerables. Se comprometió a que el Gobierno Vasco siempre respaldará a aquellos en situación de desventaja económica.