La controversia en torno a una exposición sobre dos miembros de ETA, Juan Paredes Manot 'Txiki' y Ángel Otaegi, pone de manifiesto las tensiones en la interpretación de la memoria histórica. EH Bildu se ha defendido ante la afirmación de que la muestra no cumple con los principios de verdad, justicia y reparación, sosteniendo que una lectura política es completamente válida en este contexto.

En una reciente sesión del Parlamento vasco, María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos, expresó su respeto por la decisión del Ayuntamiento de Zarautz de no permitir el uso de un espacio municipal para la exposición, que se conmemora medio siglo después de la ejecución de ambos personajes por el régimen franquista.

Itziar Murua, diputada de EH Bildu, preguntó a la consejera sobre esta decisión. El Ayuntamiento argumentó que la exposición presenta una visión parcial de los hechos; Sin embargo, Murua calificó este razonamiento como "preocupante", y planteó si el Gobierno vasco apoya esta postura del consistorio, que incluye miembros de PNV, PSE-EE y su propio partido.

La muestra, titulada '1975, dena jokoan zegoen urtea', se está llevando a cabo en la sede de EH Bildu, ya que no se le permitió usar un local municipal. La parlamentaria enfatizó que si bien la exposición puede incluir interpretaciones políticas, esto debe ser visto como parte del diálogo necesario para una convivencia democrática, donde se permita una variedad de perspectivas.

Murua también subrayó que es incorrecto afirmar que la exposición no respeta los principios de verdad, justicia y reparación. Recordó que tanto 'Txiki' como Otaegi fueron reconocidos como víctimas por el Gobierno vasco en 2012, lo que les otorga derecho a la memoria histórica de acuerdo con las directrices de la ONU.

La diputada cuestionó la lógica detrás de la decisión del Ayuntamiento, instando a que las exposiciones en espacios públicos deberían incluir una diversidad de narrativas, incluso aquellas que no se alinean con la visión dominante del Gobierno local. A su juicio, limitar el acceso a ciertos relatos es un obstáculo para avanzar hacia una convivencia genuina.

Además, calificó la decisión del Ayuntamiento como un agravante para las familias que sufrieron las consecuencias de la violencia franquista, recordando que el reconocimiento institucional de la injusticia sufrida por 'Txiki' y Otaegi es un paso crucial hacia la sanación colectiva.

Por su parte, la consejera San José reafirmó el respeto del Gobierno vasco por la autonomía de los municipios, destacando la importancia de manejar la memoria histórica con un enfoque crítico y reflexivo, al tiempo que abogó por la necesidad de documentar y difundir el conocimiento para que llegue a toda la sociedad.

San José enfatizó que el papel de las víctimas es fundamental en este proceso y que deben estar en el centro de cualquier política de memoria. Mencionó exposiciones venideras que buscan arrojar luz sobre la historia reciente de violencia, enfatizando que la justificación de la violencia nunca debe ser aceptada y que todas las formas de violencia son inaceptables.

Finalmente, la consejera lanzó una advertencia a aquellos que intentan justificar actos de violencia en cualquier parte del mundo, recordando que la indiferencia frente a violaciones de derechos humanos es una forma de complicidad que no se puede permitir, ni en el contexto local ni en el internacional.