Las Juntas Generales de Álava han aprobado el presupuesto para el año 2025, con el respaldo de PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu, y la oposición de PP, Elkarrekin y Vox. Este acuerdo en el Pleno se ha cimentado en una alianza estratégica que busca priorizar las necesidades sociales y económicas de la ciudadanía alavesa.

El nuevo presupuesto asciende a 702 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,2% respecto al ejercicio anterior. De esta cifra, 170,7 millones se destinarán a inversiones, mientras que 288 millones se asignarán a Políticas Sociales, sumando 297,3 millones para financiar entidades locales a través del fondo Fofel. Este enfoque refleja un compromiso claro con el desarrollo local y el bienestar social.

En detalle, el Gobierno foral ha reservado 283,3 millones de euros específicamente para políticas sociales, lo que se traduce en un gasto social por habitante de 892 euros. Estas cifras sitúan a Álava en una posición privilegiada en términos de protección social en comparación con otras regiones del Estado. Asimismo, se prevé una deuda de 530,6 millones de euros para el próximo año, lo que marca un incremento de 9,6 millones respecto al 2024.

El Instituto Foral de Bienestar Social recibirá una parte significativa de estos fondos, con 267,5 millones destinados a iniciativas vitales como la expansión del programa 'Etxean Bai', la rehabilitación de residencias para mayores en Amurrio y Etxebidea, además de la mejora en los servicios de atención temprana en áreas rurales. Todo esto busca fortalecer la red de apoyo social y atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables.

El proyecto presupuestario también se enfoca en aumentar los recursos económicos para garantizar "servicios públicos de calidad" y potenciar el desarrollo de proyectos estratégicos en el territorio. Esto incluye inversiones en el Centro de Fabricación Avanzada, el Centro de Excelencia del Vino, y la digitalización de procesos tributarios, además de trabajar en la construcción de infraestructuras que beneficiarán a la comunidad.

Además, el presupuesto contempla medidas para fomentar la movilidad sostenible, con una asignación de 7,9 millones de euros para el transporte comarcal, así como inversiones para la gestión del ciclo del agua y la eficiencia energética. En un marco más amplio, el ámbito de gobernanza incluirá recursos para fomentar la convivencia pacífica y la memoria histórica, con un total de 6,5 millones de euros para estas iniciativas.

En el área ambiental, se destinarán 13 millones de euros para la gestión y valorización de residuos, y 6,8 millones para acciones de sostenibilidad. El Instituto Foral de la Juventud también verá una sinergia en el presupuesto, con 7,4 millones destinados a iniciativas que apoyen a la juventud. Otras áreas que recibirán atención significativa son el deporte, con 3,5 millones, y el impulso del euskera, junto con el desarrollo de políticas de igualdad, que sumarán cerca de un millón de euros.

El portavoz del PNV, Iñaki Ruiz de Galarreta, ha manifestado la importancia de este acuerdo, enfatizando que representa un compromiso del Gobierno foral para construir una sociedad más justa, inclusiva, y equitativa. Según él, este presupuesto es un claro reflejo de la capacidad de escucha y diálogo entre partidos, superando las divisiones partidistas en favor del interés colectivo.

A su vez, Josu López Ubierna, portavoz del PSE-EE, ha defendido el presupuesto como un conjunto económico esencial para el mantenimiento de los servicios forales y ha resaltado iniciativas claves en áreas como automoción y nuevas tecnologías. También se destacó un enfoque especial en el ámbito de los cuidados, que busca fortalecer las infraestructuras residenciales.

Por su parte, Eva Lopez de Arroyabe de EH Bildu ha subrayado que el acuerdo con el Gobierno foral marca un cambio significativo en la dirección de las políticas públicas en la Diputación. Ha resaltado el compromiso de su grupo con iniciativas que promueven vivienda social y mejores condiciones en residencias para mayores, aunque también ha indicado que estos no son los presupuestos de su grupo.

Desde la oposición, Iñaki Oyarzabal del PP ha criticado el presupuesto por ser continuista y no abordar reformas necesarias en la administración pública. Ha argumentado que se perpetúan errores del pasado y se ignoran las necesidades urgentes de desarrollo en el área rural. David Rodríguez de Elkarrekin Araba ha expresado preocupaciones similares, señalando la falta de avances en áreas como el convenio provincial para residencias y la regulación de los alquileres.

Finalmente, Jonathan Romero de Vox ha manifestado su rechazo total a las cuentas, considerándolas insuficientes y en sintonía con un acuerdo que a su juicio no refleja las verdaderas necesidades de los ciudadanos alaveses. Ha criticado la alianza entre PNV, PSOE y EH Bildu, afirmando que dañan el interés público al priorizar el mantenimiento del poder sobre las verdaderas demandas sociales.