Este viernes, el consejero de Hacienda del Gobierno Vasco, Nöel d'Anjou, se reunirá con representantes de EH Bildu, PP y Sumar para explorar la posibilidad de continuar las negociaciones en torno al proyecto de Presupuestos de 2025. D'Anjou ha expresado su optimismo sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo que satisfaga las necesidades de la oposición, instándoles a comunicar su interés en seguir avanzando en las conversaciones.

En una rueda de prensa tras sus encuentros con las diferentes fuerzas políticas, el consejero ha revelado que ha planteado cerca de 50 medidas que podrían incorporarse al proyecto presupuestario. Sin embargo, se ha reservado detalles sobre estas propuestas y su impacto económico. El trabajo conjunto deberá enmarcarse dentro de las competencias que posee el Gobierno Vasco, enfatizando que cualquier modificación debe ajustarse a la estructura presupuestaria ya definida.

D'Anjou ha hecho un llamado a los partidos para que, si están dispuestos a encontrar un terreno común, lo hagan saber lo antes posible, a fin de establecer un calendario y una metodología que les permita lograr un acuerdo eficiente. Este diálogo se llevará a cabo en el Parlamento Vasco coincidiendo con un pleno de control, lo que subraya la urgencia y la seriedad de la situación.

Las negociaciones tienen un plazo crítico: el 28 de noviembre es la fecha límite para presentar enmiendas a los Presupuestos. En este sentido, D’Anjou ha instado a los grupos a dar una respuesta rápida para que las aportaciones de todos los grupos políticos puedan enriquecer el presupuesto final. El consejero cree firmemente que existen oportunidades para llegar a consensos si todos muestran una auténtica disposición al diálogo.

A la pregunta sobre si tiene preferencias por alguna de las formaciones a la hora de cerrar un acuerdo, D'Anjou ha dejado claro que más que inclinarse hacia la derecha o la izquierda, es fundamental identificar los puntos de convergencia que podrían facilitar el entendimiento. Esta postura refleja un enfoque inclusivo y pragmático hacia la política vasca actual.

El consejero ha comentado también la decisión de EH Bildu de no incluir sus peticiones sobre fiscalidad en las negociaciones presupuestarias. Recordando que la reforma tributaria pertenece a las Juntas Generales, ha señalado que este tema debería quedar excluido de las discusiones actuales, lo que, a su juicio, sugiere que las partes no están tan distantes en este aspecto específico.

Además, ha asegurado que el Gobierno llevará a cabo las negociaciones guiado por principios fundamentales, como la asunción de su propia responsabilidad en el proceso. Ha subrayado que cada cuestión debe ser tratada dentro del ámbito que le corresponde, y que temas como la fiscalidad, que son competencia de otras instituciones, no serán parte de los compromisos que el Ejecutivo esté dispuesto a asumir.

Sorprendentemente, el consejero ha apuntado que su propuesta para la oposición no solo aborda las demandas presentadas, sino que también abarca aspectos de mayor envergadura y compromiso político. Esta iniciativa parece ir más allá de simples ajustes presupuestarios, sugiriendo un enfoque más integral para abordar necesidades sociales y económicas de la comunidad vasca.

A pesar de que el Gobierno (formado por PNV y PSE) cuenta con una mayoría absoluta en el Parlamento Vasco, lo que le asegura la aprobación de los presupuestos sin depender del voto de la oposición, D'Anjou ha reafirmado su genuina intención de acercar posturas con todas las formaciones políticas involucradas.

Las propuestas presentadas han sido diversas. En el caso de Sumar, se han discutido 53 materias, abarcando temas como digitalización, apoyo al sector primario, turismo, igualdad de oportunidades y promoción del euskera. Por su parte, el PP ha recibido 51 medidas enfocadas en salud, educación, vivienda, movilidad y transición energética. EH Bildu también ha sido objeto de atención con 52 propuestas que incluyen educación, sostenibilidad, apoyo a personas vulnerables y juventudes.

Finalmente, D'Anjou ha manifestado que no permite que las controversias que puedan surgir de declaraciones de representantes políticos interfieran en el desarrollo de las negociaciones, reafirmando su compromiso con un proceso que beneficie a toda la ciudadanía vasca.