El pasado 27 de junio, la Policía Nacional llevó a cabo una significativa operación en Gipuzkoa que resultó en la detención de cuatro individuos, acusados de facilitar la inmigración ilegal y vulnerar los derechos laborales. Esta operación es el resultado de una investigación que comenzó en octubre de 2024, cuando los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, junto con otras unidades especializadas, empezaron a indagar en una red delictiva que operaba en la región.

Los detenidos son presuntos integrantes de una organización que, desde hace al menos cinco años, se dedicaba a facilitar la entrada y estancia irregular de inmigrantes marroquíes en España. Para ello, utilizaban contratos de trabajo ficticios gestionados por dos empresas del sector de la construcción, con sedes en Bizkaia y Gipuzkoa. Estos contratos eran una mera excusa para obtener permisos de residencia y trabajo, mientras que, en realidad, los inmigrantes trabajaban bajo condiciones precarias, al margen de las empresas que los habían "contratado".

La investigación se inició tras descubrir irregularidades en empadronamientos en Irun, donde varias personas se registraban en domicilios a cambio de dinero, pese a no residir realmente en esos lugares. En total, se identificaron 19 empadronamientos en esta localidad y otros 16 en San Sebastián, principalmente de personas en situación irregular, lo que llevó a la Policía Nacional a tomar declaraciones de 19 individuos que habían sido empadronados allí.

Los testimonios revelaron que al menos 13 de ellos admitieron haber pagado a un hombre de Gipuzkoa por obtener estos empadronamientos, lo que les permitió acceder a permisos de residencia y trabajo, vinculados a los contratos ficticios. Así, al menos diez de estas personas lograron regularizar su situación en España mediante procesos de contratación engañosa.

El encargado de facilitar estas contrataciones ficticias era un individuo de 47 años de origen marroquí, quien contactaba a personas en su país, ofreciendo oportunidades laborales en España a través de empresas que parecían ser legítimas. Una vez que aceptaban la propuesta, les ponía en contacto con una abogada del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, quien se encargaba de tramitar las solicitudes correspondientes a las autoridades.

Una vez en España, los trabajadores eran empadronados en viviendas de otros involucrados en la trama, y se les daba de alta en la Seguridad Social por períodos muy cortos. Sin embargo, la mayoría de ellos se veían obligados a realizar trabajos de construcción que nada tenían que ver con las empresas que los habían contratado, bajo la supervisión del mediador, en condiciones altamente irregulares.

Los investigadores destacaron que estos trabajadores laburaban sin control de horario, recibían salarios por debajo de lo estipulado y sus derechos laborales eran constantemente vulnerados, todo esto con el conocimiento de las empresas implicadas. Las irregularidades eran sistemáticas y se beneficiaban del sistema legal para explotar a los migrantes.

Las maniobras económicas a las que estaban sometidos los migrantes eran variadas: desde compensaciones de hasta 3.000 euros por la gestión de un contrato, hasta la retención de parte de sus salarios. También se registraron cobros directos por facilitar empadronamientos ficticios. En total, se documentaron al menos 14 casos de contrataciones fraudulentas, con el empadronamiento de 25 personas que nunca residieron en los domicilios donde figuraban.

Esta operación ha destapado una alarmante red de explotación que se aprovechaba de la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y manipulaba los procedimientos legales para acciones ilícitas. La Policía Nacional continúa con su labor investigativa para identificar a otros posibles implicados en esta trama y no se descartan más detenciones en el futuro.