El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la cesión de la gestión de secretarios, interventores y tesoreros locales a Euskadi.

El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un paso importante al estimar un recurso presentado por más de 50 diputados del Partido Popular en el Congreso, declarando como inconstitucional una disposición de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022. Esta disposición otorgaba al País Vasco todas las facultades relacionadas con los funcionarios de Administración local con habilitación nacional, como secretarios, interventores y tesoreros municipales.

Esta decisión fue comunicada por la corte de garantías este jueves, donde se especifica que la disposición declarada inconstitucional es la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Esta modificación afectaba a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) aprobada por el Gobierno.

La disposición controvertida establecía que en el País Vasco, todas las facultades contempladas en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local respecto a los funcionarios de la Administración local con habilitación nacional serían asumidas según lo establecido por la normativa autonómica.

Entre estas facultades se encontraban la selección de personal, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir plazas vacantes, la convocatoria exclusiva para procesos de provisión de plazas, el nombramiento de personal funcionario en estos procesos, la asignación de destinos y las situaciones administrativas.

La sentencia del TC, redactada por el magistrado Enrique Arnaldo y con un voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer pendiente de ser público, descarta que la modificación posterior de la disposición impugnada por un Real Decreto-ley haya afectado el recurso. Además, considera que la disposición va más allá de lo que sería legal en una Ley de presupuestos, vulnerando varios artículos de la Constitución relacionados con las cuentas públicas y el papel de las Cortes.

El Tribunal Constitucional concluye que esta norma no está relacionada con el régimen retributivo de los funcionarios de la Administración local con habilitación nacional, ni tiene un impacto económico directo en los ingresos o gastos del Gobierno, por lo que su inclusión en los presupuestos no sería apropiada.