Las trabajadoras del sector de residencias en Bizkaia han declarado que seguirán en lucha contra unas condiciones laborales que les "imposibilitan llegar a fin de mes". El sindicato ELA ha convocado nuevas huelgas del 10 al 25 de mayo en demanda del convenio, una decisión que ha sido apoyada por unanimidad en las asambleas de delegadas del sindicato celebradas el miércoles.

Representantes de ELA en el sector como Iratxe Viejo, Ander Akarregi o Maribi Ardanza han ofrecido una rueda de prensa en la sede de ELA, el día que concluye la última de las 13 huelgas convocadas en abril en el sector.

Con motivo de este último día de paro, las empleadas de las residencias han realizado una asamblea y han mostrado su intención de continuar con las movilizaciones, tras 52 días de huelga desde su inicio. Por ello, volverán a la huelga del 10 al próximo 25 de mayo, una decisión que refleja el hartazgo de la plantilla ante la postura de los patronos.

La convocatoria de ELA no es la única huelga convocada en el sector de residencias de Bizkaia, ya que LAB tiene planteados paros del 15 al 20 de mayo, mientras que CCOO, tras las huelgas del 13 y 14 de abril, ha llamado a otras para los días 22, 23 y 24 de mayo y 12,13,14,15 y 16 de junio.

En la comparecencia convocada por ELA, las delegadas han explicado que, tras más de dos años sin convenio y más de 50 días de huelga, ni las patronales del sector ni la Diputación Foral de Bizkaia han realizado propuestas que acaben con unas condiciones laborales que impiden que las trabajadoras del sector lleguen a fin de mes, y permitan dar pasos reales para acabar con una discriminación superior al 40% respecto a sus compañeras de las residencias municipales y forales no privatizadas.

Las trabajadoras de las residencias de Bizkaia han manifestado que no van a parar y seguirán en lucha hasta que tanto las tres patronales del sector (GESCA, LARES y ELBE) como la Diputación foral de Bizkaia garanticen en el convenio sectorial cuestiones tan básicas como son la estabilidad en el empleo.

En concreto, han reclamado jornadas a tiempo completo porque cuatro de cada diez trabajadoras tienen un contrato parcial actualmente, y la mitad de estos contratos no alcanzan la media jornada. Junto a ello, demandan la sustitución de trabajadoras desde el primer día, la reducción de jornada a mayores de 60 años, así como un incremento salarial que les permita llegar a fin de mes y dar pasos reales en la equiparación con las compañeras del ámbito de cuidado no privatizados.

Desde octubre de 2021 las patronales no han llamado y dan la callada como respuesta. Los representantes de ELA han recordado que las trabajadoras llevan dos años de congelación salarial y, aunque las empresas alegan que han subido las tarifas a los usuarios para poder incrementar los salarios, esto es mentira y solo buscan ganar dinero.

En este sentido, han asegurado que los cuidados en Bizkaia se han convertido en un negocio y esa subida de las tarifas no ha revertido ni un solo céntimo en las trabajadoras. A su juicio, hay un problema de fondo que nace cuando la Diputación es cómplice de la privatización y hace negocio a costa de los cuidados porque más del 90% de las residencias de Bizkaia son privadas, cuando, según han defendido, se debería dar una publificación de estos servicios.

Las delegadas se han dirigido al Gobierno Vasco y han denunciado que su única función en este conflicto ha sido la de favorecer los intereses de la patronal e invisibilizar y neutralizar la lucha de estas mujeres, con la ampliación de los servicios mínimos que imposibilitaban el derecho de huelga a más del 80 del sector.

Por ello, han pedido al Gobierno Vasco menos campañas de autobombo para acabar con la brecha salarial y más actuaciones reales para solucionar un conflicto laboral de un sector tan feminizado y precarizado como las residencias.

Desde ELA han señalado que no están pidiendo al Ejecutivo vasco una mediación, sino que no interfiera en el conflicto a favor de la patronal. En este sentido, han criticado que la consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, defienda que el 8 de marzo sea festivo mientras establece servicios mínimos que imposibilitan que estas mujeres puedan defender sus derechos.