El Gobierno Vasco ha dado un paso significativo hacia la consolidación de su modelo de acogida mediante la asunción, a partir del 1 de enero de 2025, de la gestión del proceso de acogida para migrantes que sean beneficiarios de protección internacional. Esta medida busca fortalecer la integración de estas personas en la sociedad vasca, un objetivo que se enmarca dentro de una visión global de inclusión y bienestar social.

De acuerdo con el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, esta iniciativa transformará la actual estructura de acogida, enfocándose en una fase conocida como la fase de autonomía, que tendrá una duración máxima de seis meses. Durante este tiempo, se brindará a los migrantes el apoyo necesario para que puedan acceder a formación laboral, buscar vivienda y participar en diversas actividades que faciliten su integración en la comunidad.

El Gobierno Vasco se compromete a ofrecer un itinerario completo de inclusión, el cual estará coordinado a través de su Departamento de Bienestar. Esta estrategia integral no solo contempla el acompañamiento psicosocial, sino también un refuerzo en el acceso a oportunidades laborales, un aspecto crucial para el empoderamiento de los migrantes en su nuevo entorno.

La fase de autonomía será ejecutada en alianza con cinco entidades del tercer sector, cada una con una trayectoria destacada en la atención a migrantes: Accem, Cruz Roja, Movimiento por la Paz (MPDL), Cear, Nueva Vida y la Fundación San Juan de Dios. Estas organizaciones sumarán su experiencia y recursos para asegurar una acogida digna y efectiva.

Para llevar a cabo esta gestión, el Gobierno Vasco ha asignado un presupuesto total de 2,4 millones de euros, cifra que se acordó previamente en el contexto del Concierto Económico. Esta inversión demuestra un compromiso decidido hacia la atención de las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, garantizando así que se dispongan de los recursos necesarios para su integración.

Según datos de noviembre de 2024, Euskadi contaba con 49 unidades de convivencia en el sistema de acogida, que albergaban a un total de 121 personas. Aunque es complejo realizar proyecciones precisas sobre el número de beneficiarios que recibirán atención en el nuevo modelo, el Gobierno Vasco estima que la cifra podría oscilar entre 150 y 300 personas en el primer escenario de implementación.

Es importante subrayar que esta nueva gestión no implica cambios en los procedimientos de asilo, que continuarán bajo la responsabilidad del Estado, ni afectará a la operación de los centros de acogida para refugiados y refugiadas. Esta separación de competencias asegura que cada aspecto del proceso de acogida esté manejado de manera adecuada y profesional.