En un claro pulso político, Jon Hernández, portavoz de Sumar, ha declarado que "no son necesarias más reuniones" en relación a las negociaciones con el Gobierno Vasco acerca de los Presupuestos de Euskadi para el año 2025. El motivo que ha llevado a esta decisión es su convicción de que resulta "imposible alcanzar un acuerdo aceptable".

El rechazo de Sumar a continuar las conversaciones se hizo oficial tras una segunda reunión mantenida el miércoles anterior con el consejero de Hacienda, Noël D'Anjou. Hernández confirmó que su coalición no solo se opone al proyecto de presupuestos presentado, sino que también está preparando una enmienda a la totalidad, demostrando así su firme postura en esta trama política.

En un comunicado, Hernández expuso que habían presentado una "propuesta clara y detallada" que reflejaba sus prioridades en términos políticos y financieros. Sin embargo, señaló que el Gobierno Vasco no ha ofrecido ninguna alternativa concreta y ha mostrado escasa disposición para realizar cambios significativos en las cuentas.

El legislador de Sumar resaltó que, hasta el momento, la respuesta del Ejecutivo se limita a solicitar su respaldo a los presupuestos, sin atender sus enmiendas ni plantear reformulaciones que puedan acercar las posturas de ambas partes. Esta falta de diálogo real ha hecho que Sumar se replantee su participación en el proceso.

El alcancista de la coalición ha indicado que había propuesto un conjunto de enmiendas que suman un total de 755 millones de euros, dirigido a redirigir las cuentas hacia una orientación "más social, verde y justa". En este sentido, Sumar ha propuesto, en el área de vivienda, destinar 107,5 millones para aumentar el parque público de alquiler, prevenir desahucios y construir 2.000 viviendas sociales.

En lo que respecta a sanidad, el grupo ha defendido la necesidad de una inyección de 250 millones para fortalecer la atención primaria, reducir las listas de espera y mejorar las infraestructuras sanitarias. A la par, en el ámbito educativo, Sumar planteó la necesidad de entre 85 y 90 millones para garantizar comedores escolares gratuitos, disminuir las ratios en las aulas y fomentar la inclusión de estudiantes con necesidades especiales.

En el contexto de la transición energética, Sumar demandó 91 millones para impulsar la reindustrialización verde, promover el autoconsumo comunitario y avanzar hacia un modelo de energía pública accesible a todos. Además, se propusieron 90 millones para mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, quienes desempeñan un papel fundamental para el bienestar de muchas familias.

Entre las propuestas más innovadoras destaca la creación de un plan piloto de Renta Básica Universal, respaldado por 80 millones de euros, cuyo fin es investigar un modelo que permita avanzar en la lucha contra la desigualdad y otorgar estabilidad a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Hernández enfatizó que la falta de atención del Gobierno Vasco hacia sus propuestas contrasta con la necesidad de establecer un modelo presupuestario que promueva la justicia social, la garantía de una vivienda digna, así como un sistema de sanidad y educación pública de calidad, sumando a todo esto un compromiso fuerte hacia la transición ecológica.

"Con los presupuestos actuales, esa transformación es imposible. Por lo tanto, Sumar sostiene que no son necesarias más reuniones, dado que consideran inalcanzable un acuerdo satisfactorio", concluyó Hernández, dejando claro que la situación actual no tiene visos de cambio.