El Gobierno Vasco ha manifestado que la cuestión de los salarios en Euskal Herria debe tratarse de manera colectiva y en un marco de consenso. Así lo expuso el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, al pronunciarse sobre la reciente Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para la región. Según el Ejecutivo, esta propuesta invade competencias que son exclusivamente del Estado y sugiere que cualquier mejora salarial debe surgir de un diálogo social apropiado.

Torres enfatizó que, desde un punto de vista legal, la regulación del salario mínimo es responsabilidad del Estado, de acuerdo al marco establecido en la Constitución Española. En este sentido, el artículo 149 de la Constitución reserva la competencia para crear una normativa básica, aunque permite su implementación a través de las comunidades autónomas, siguiendo lo indicado por el Estatuto de los Trabajadores.

El consejero hizo hincapié en que la ILP solicita que se envíe una proposición de ley al Congreso, lo que implica un análisis de las atribuciones competenciales. Esto significaría que cualquier nueva legislación debería ser formulada como una ley orgánica o marco, estableciendo claramente los principios y bases que congreguen este tipo de competencia.

Asimismo, Torres expresó que la modificación propuesta requiere de un estudio exhaustivo sobre su repercusión económica, jurídica y social, destacando que es fundamental considerar las implicaciones de introducir salarios mínimos que varíen según el territorio. Subrayó que una legislación de esta índole debe exigir un amplio consenso entre los protagonistas sociales, incluidos sindicatos, empresarios y gobiernos, tanto autonómicos como estatales.

El consejero fue claro al asegurar que la economía vasca es heterogénea, abarcando desde microempresas hasta grandes multinacionales, lo que demanda un enfoque prudente y consensuado en cualquier cambio relevante. De esta forma, insistió en que una medida así no puede ser promovida únicamente a través de una ILP, sino que necesita un exhaustivo proceso de concertación social y política basado en el diálogo entre todos los actores involucrados y en análisis previos de impacto.

Torres también señaló que la negociación colectiva se posiciona como la mejor herramienta para tratar estas cuestiones, reiterando la necesidad de promover el diálogo, la negociación y el consenso. Recientemente, el Parlamento Vasco había aprobado una proposición no de ley que instaba a los agentes sociales a trabajar en un acuerdo sobre un salario mínimo que refleje las condiciones socioeconómicas de Euskadi.

Además, destacó que el pacto entre el PNV y el PSE incluye un compromiso para fomentar la Mesa de Diálogo Social, buscando un acuerdo interprofesional que recoja un salario mínimo en función de la realidad del territorio, siempre respetando la autonomía de los participantes.

En su declaración, el consejero subrayó la importancia de mantener abiertas las vías de diálogo y negociación, especialmente de cara a la próxima reunión en el Consejo de Relaciones Laborales, donde espera que se logre un avance significativo en estos debates.

Finalmente, se refirió a las denuncias de los sindicatos ELA y LAB, quienes han advertido que la falta de diálogo podría llevar a situaciones judiciales. Torres recalcó que la solución a esta problemática debe encontrar su camino en la negociación y el acuerdo mutuo.

Respecto al respaldo ciudadano a la ILP, el consejero proporcionó datos sobre las firmas validadas, aclarando que las cifras oficiales no alcanzan las expectativas anunciadas por los promotores, lo que añade un elemento más a considerar en este debate en torno al salario mínimo en Euskadi.